Para una parte de la población, la energía nuclear es sinónimo de peligro, contaminación y en última instancia, muerte. Todo lo contrario les ocurre a los habitantes de Sierra Grande, un pueblo rionegrino que tuvo su tiempo de gloria desde 1969 hasta 1991, cuando un decreto de Carlos Menem ordenó cerrar la mina de hierro de la que vivían, directa o indirectamente, casi todas las personas de la zona.

El resultado fue el que se podía esperar. Sierra Grande no encontró rápidamente alternativas que le permitieran sortear la escasez de recursos que provocó el cese de la actividad minera. Muchas familias emigraron, pero otras se quedaron y se convirtieron en la última trinchera que impide que el distrito se convierta en un pueblo fantasma.

La semana pasada, el Concejo Deliberante de la ciudad avanzó en un paso fundamental para que se instale allí la quinta nuclear argentina (Embalse está en Córdoba y Atucha I y II en Campana, donde también se instalará la cuarta usina de ese tipo). Lo hizo mediante la derogación de una ordenanza municipal de hace 20 años que impedía la instalación de esa clase de recurso en la zona. De inmediato Nelson Iribarren, intendente de Sierra Grande y de Cambiemos, puso en marcha la medida mediante un decreto.

El jefe comunal le dijo que conoce el proyecto desde el minuto uno, algo que le da confianza. Y cuenta con la promesa de "un crecimiento demográfico proyectado a escalas inéditas, y la posibilidad de generar no solo las fuentes de trabajo directas que implican la construcción y puesta en funcionamiento de la central nuclear, sino las derivadas del necesario efecto rebote".

El apuro está motorizado por la promesa de riquezas: en un contexto donde es difícil abrirse paso día a día, el proyecto que promueve la Casa Rosada podría empalagar de dólares al pueblo.

La central nuclear demandará 700 empleos cuando esté en operación. Y en el pico de la construcción la mano de obra ascenderá a los 8000 trabajadores, más de los 7.404 habitantes que registró Sierra Grande en el Censo 2010.

Los fondos a desembolsar rondan los US$ 8000 millones, a lo que se sumarán inversiones adicionales en redes de alta tensión, rutas, hospitales, bomberos y la construcción de escuelas, según prometen en el Gobierno.

La potencial construcción de una central atómica tiene en el trasfondo la política local y, en el reverso, el riesgo de un desplante a China.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, viajó el año pasado con el presidente Mauricio Macri al país asiático y firmó los convenios necesarios para instalar la usina en su provincia. Pero poco después, las protestas en Río Negro y el temor a perder las elecciones (algo que finalmente ocurrió), lo obligaron a dar marcha atrás.

La decisión de Weretilneck, un ex peronista que jugó por afuera en los últimos comicios, no sólo fue un desplante para Macri y los chinos. También movilizó las aguas en la política de Río Negro debido a que el senador justicialista Miguel Angel Pichetto se inclinó por instalar la central atómica, como quiere la Casa Rosada.

A principios de este año, tras una reunión con Macri, el gobernador rionegrino se ubicó en la ancha avenida del centro nuclear: no apoyó la instalación de la usina, pero deslizó que iba a respetar la autonomía municipal del pueblo de Sierra Grande.

A fines del año pasado, en una consulta popular que lanzó la intendencia, aunque participó sólo el 30% del padrón, el 83% de los votantes estuvo a favor de la instalación de la central nuclear.

Fuente: La Nación