El Banco Central resolvió suspender por 30 días las operaciones del Banco Finansur, la entidad que controla el Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López, "debido al incumplimiento en los plazos en el plan de recapitalización" que sus accionistas habían acordado con la entidad rectora.
"En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 49 de su Carta Orgánica", según consignó en la comunicación B 11617, el BCRA tomó esta decisión "en la necesidad de defender los derechos" de los depositantes del Finansur.
De allí que la suspensión no afecta su operatoria básica, ya que quedan exceptuadas de sus alcances las "extracciones de saldos registrados en las cuentas para el pago de haberes del personal en relación de dependencia y de las prestaciones a cargo de la Anses, hasta el importe de las acreditaciones que se efectúen por los citados conceptos en dichas cuentas, las cobranzas de créditos y las compras con tarjetas de crédito que realicen sus clientes o los pagos a los comercios adheridos", se aclaró en la resolución.
También anunció que el banco "cuenta con un plazo de 10 días para la presentación de alternativas que le permitan rever su situación", algo que luce dificultoso en momentos en que, cercado por la Justicia a raíz de la deuda que acumuló con la AFIP, el grupo acelera su desmembramiento y no logra viabilizar ninguno de los planes de salvataje que intenta.
El Grupo Indalo es propietario del 70% del capital del Finansur, entidad que adquirió en marzo de 2012 cuando López decidió incursionar en otros negocios, alentado por el financiamiento que conseguía de la gestión kirchnerista y la ilusión de una administración que aspiraba a perpetuarse.
El resto del capital se mantuvo en manos de la familia Sánchez Córdoba, fundadora del banco y separada de su administración desde el verano, cuando desembarcó un equipo de ex funcionarios del BCRA capitaneados por Juan Basco y Raúl Planes y coordinados desde afuera por Martín Redrado, quien recibió vía su empresa MR un poder para su venta y transitorio gerenciamiento por 24 meses.
Aquella transacción, sellada en $ 125 millones, sólo resultó aprobada en mayo de 2015, dado que las recomendaciones y estándares prudenciales internacionales desaconsejan que un grupo con participación en el negocio del juego tenga control de una entidad financiera.
Cristóbal López es dueño del 30% de Casino Club, empresa que cuenta con más de 20 casinos y salas de máquinas tragamonedas y tiene participaciones en los casinos Flotante de Buenos Aires, en el de Rosario, y en el Hipódromo de Palermo.
Pero, en julio pasado, el BCRA aprobó una nueva norma para impedir que accionistas que posean más del 5% del capital en un banco tengan a la vez alguna participación en juegos de azar, en un intento por acelerar la salida de Indalo del Banco Finansur. (La Nación)