La iniciativa también establece que la prohibición tiene un margen de dos años previos a ejercer un cargo en el Estado, exige que el funcionario con cuentas en paraísos scales debe presentar su renuncia a los cinco días de conocerse esos fondos, y establece penas de entre uno y seis años de prisión, equiparándolo con el delito de “dádivas” previsto en el Código Penal.
La modificación a la Ley de Ética Pública propuesta hoy es el primer proyecto que presentó Cristina Kirchner desde que asumió como senadora por la minoría por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires.
En los fundamentos de la medida, la ex presidenta asegura que “más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios a personas que utilicen las guaridas o paraísos fiscales".
