El Juez Federal Reinaldo Rubén Rodríguez dictó el procesamiento, con prisión preventiva y embargo de bienes, de Gabriel Benjamín Kesler por considerarlo presunto partícipe necesario de las privaciones ilegítimas de la libertad -agravadas por haberse cometido con violencias y amenazas-, tormentos -agravados por tratarse de perseguidos políticos- y homicidios -agravados por haberse cometido con ensañamiento y alevosía- de las abogadas Marta Zamaro y Nilsa Urquía, y de César Zerbatto, y de la privación ilegítima de la libertad -agravada por haberse cometido con violencias y amenazas- y tormentos -agravados por tratarse de perseguidos políticos- en perjuicio de Osvaldo E. Regazzzoni; todos ellos en concurso real», en el marco de un plan sistemático de persecución y represión ilegal llevado a cabo por la última dictadura militar.

El juez Rodríguez señaló que la prisión preventiva de Kesler se justifica debido a la gravedad de los delitos, ya que se trata de crímenes de lesa humanidad con penas severas.

El juez consideró también el riesgo de fuga, al sostener que Kesler intentó eludir a la justicia al enterarse de la orden de detención en su contra -hubo que ordenar su captura nacional e internacional, asentándose en las notificaciones rojas de INTERPOL-, además del riesgo de un entorpecimiento de la investigación.

Finalmente, el fallo ordena un embargo sobre los bienes de Kesler por diez millones de pesos.

Recordemos que junto a la familia de Marta, la Asociación de Prensa de Santa Fe impulsó la reapertura del caso en 2011 siendo actualmente querellantes en la causa. Marta Zamaro, una de las víctimas, trabajaba en el diario Nuevo Diario y era delegada gremial.