El Frente Amplio sigue en “sesión permanente” y este domingo volvió a reunirse -por tercera vez en cuatro días- para analizar la actitud del presidente Luis Lacalle Pou en torno al escándalo político suscitado por el caso del pasaporte de Sebastián Marset. 

En la oposición se considera que el mandatario pretende dar por cerrado el tema al haber anunciado las renuncias del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del subsecretario Guillermo Maciel y de su propio asesor, Roberto Lafluf. Y esto, para la izquierda, está lejos de ser una realidad. 

“El presidente está convencido de que con esto dio vuelta la página, pero para nosotros la página recién comienza”, dijo este domingo el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira. Para esta fuerza política, Lacalle Pou dejó muchísimos interrogantes, que no quiso o no supo responder, y que es necesario aclarar. 

El principal de ellos, el grado de involucramiento del mandatario en la una reunión que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre de 2022 en el Piso 11 de la Torre Ejecutiva. Según declaró la semana pasada ante Fiscalía la exsubsecretaria de Exteriores, Carolina Ache, ese día Lafluf le pidió a ella y a Maciel que “borraran” los chats mutuos en donde se hablaba de Marset como un “narco peligroso”. 

Ache también dijo que Lafluf había “destruido” el primer protocolo que ella había presentado en Cancillería, donde esos chats estaban incluidos. Para la oposición, es vital dilucidar cómo Lafluf, que técnicamente no tenía ningún tipo de autoridad institucional, “mandó a destruir pruebas y destruyó documentación pública” que, a ojos del Frente Amplio, no debía siquiera tener. 

La incógnita a despejar, para la fuerza política, es qué grado de involucramiento tuvo Lacalle Pou en esta maniobra, pese a que existe convencimiento pleno de que el presidente ordenó ese encuentro. 

“El presidente le dio la orden para concertar esa reunión y poner de acuerdo a Maciel y a Ache”, señaló Pereira este domingo en conferencia de prensa. “Lafluf dice que convoca a esa reunión en nombre del presidente”, insistió. 

“Hay gente acá que va a tener que dar explicaciones”. Esa reunión fue convocada, señaló, cuando ya conocía una orden judicial que, ante un pedido de acceso a la información pública presentado por el Frente Amplio el 9 de noviembre de ese año, había mandatado la entrega de esos chats. 

Y para Pereira, ese solo hecho “violenta una decisión judicial”. En ese contexto, en el Frente Amplio apuntarán a saber además cómo hizo Lafluf para obtener de Cancillería ese tipo de información protocolizada. 

Allí se marca un punto central: durante la conferencia del pasado sábado, Lacalle Pou jamás precisó si ordenó una investigación al respecto o si llegó a observar a Lafluf. 

Para dilucidar eso la izquierda maneja varias opciones; la más clara a nivel parlamentario es forzar la creación de una comisión investigadora en la que, más allá de que estén ocupando o no un cargo público, deberían desfilar todos los involucrados. 

La oposición pone además algunas fichas en Fiscalía, que a partir de esta semana deberá comenzar a investigar, en una nueva sede, la eventual destrucción de los chats entre Ache y Maciel. 

En la bancada, en tanto, sostienen que las salidas de Bustillo y Heber no desactivaron eventuales llamados a sala. 

Sobre la mesa está la posibilidad de que los nuevos titulares de Exteriores y de Interior, Omar Paganini y Nicolás Martinelli -respectivamente- se presenten y respondan por lo que hicieron sus antecesores en esos cargos. 

En el encuentro de este domingo, Pereira resumió ante el secretariado la breve reunión que mantuvo este sábado con Lacalle Pou en Suárez y Reyes, luego de finalizado el encuentro entre el presidente y la coalición de gobierno. 

Y en el balance de este partido se entendió que si bien las renuncias fueron “positivas”, no son suficientes. El Frente Amplio, recordó, había reclamado la destitución de los ministros involucrados. 

Ese hecho también deja, a su juicio, varios cabos sueltos. “Nos llama poderosamente la atención de que se les acepte la renuncia si, como dice, ninguno cometió hechos ilegales o ilícitos”, marcó. 

“Una de las dos cosas está mal”. Allí se esperaba, dijo, una “mayor contundencia” a la hora de las remociones. El otro punto en el que el Frente Amplio insiste es por qué, en definitiva, se le otorgó el pasaporte a Marset. 

Allí la oposición rebate el argumento del gobierno, y del propio presidente, de que no tenían alternativa legal más que entregárselo. Mucho menos, se indica, a través de un trámite “exprés” y cuando en los ministerios involucrados “se sabía perfectamente quién era Marset”, refleja el diario El País de Uruguay. 

El Frente Amplio apela allí al artículo 34 del decreto 129/2014, que regula la expedición de pasaportes. Allí se establece, apuntó el senador José Carlos Mahía, que “a los a los nacionales uruguayos y o ciudadanos legales que sean objeto de expulsión por las autoridades del Estado en que residen, se les otorgará un documento válido directo a la República por un solo viaje dejando expresa constancia en el documento de la causa que motivó la expedición del mismo, debiéndose comunicar en forma inmediata a la autoridad competente, el medio de transporte y la fecha de arribo del país”. 

Por lo tanto, razonó el senador, no existía obligación de entregarle un pasaporte para que “después fugara y estuviera prófugo”. Este lunes el Secretariado y la Mesa Política seguirán analizando el tema.