Las elecciones para definir los 69 convencionales constituyentes que reformarán la Constitución de Santa Fe dejaron un dato preocupante: solo el 55,61% del padrón habilitado acudió a las urnas. Se trata de una de las participaciones más bajas en la historia reciente de la provincia, en una elección que se suponía clave para el futuro institucional del territorio santafesino.

A pesar de la magnitud del evento -una reforma constitucional largamente postergada- el clima en las calles este 13 de abril fue más cercano a un domingo común que a una jornada cívica. 

En términos institucionales, el proceso fue un éxito. Se votó en paz, sin incidentes y con un sistema electoral que funcionó correctamente. Sin embargo, el clima en la calle fue otro: centros de votación semivacíos, colas breves y escasa movilización política marcaron la tónica del día. 

Son múltiples motivos que pueden haber provocado esta baja concurrencia de votantes: falta de información, desconexión con los temas constitucionales y/o el desencanto generalizado con la política tradicional, son algunas de las razones que podrían explicar el escaso número de votantes.

En lo que refiere a los resultados, el frente Unidos para Cambiar Santa Fe logró una victoria significativa a lo largo del territorio provincial. La coalición se impuso con el 34,61% de los votos en en la categoría de distrito único, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y ganó en 13 de los 19 departamentos, lo que les asegura un papel central en la futura reforma de la Constitución santafesina.

"Nos ha ido muy bien, hemos ganado la elección de punta a punta, pero tener la mayoría no nos da la razón, la razón nos la va a dar cuando demostremos que en la provincia de Santa Fe se escucha, se debate y que unidos vamos a salir adelante" manifestó el mandatario provincial en sus primeras declaraciones. 

El dato contrasta con las elecciones generales de 2023, que alcanzaron casi un 72% de participación y evidencia una crisis de representatividad. Frente a este panorama, varios actores políticos y sociales advierten que el desafío no será solo técnico o legal: la reforma deberá reconstruir el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía. De lo contrario, correrá el riesgo de convertirse en un debate de pocos y para pocos.

Ahora, con la convención en marcha, queda por delante un reto mayor: lograr que los ciudadanos sientan como propia una reforma que -por ahora- parece no importarles.